Aunque tarde, sirvan estas, que espero sean breves, líneas para introduciros, a los que desconocéis el tema, en el problema que entre unos y otros han creado y al que mi esposa yo intentamos darle la mejor solución posible. Entiéndase como mejor, la menos mala.
Hace un año la consejería para la igualdad y ¿Bienestar? Social nos dio en adopción preadoptiva dos niños que ahora tienen 3 y 5 años. El 20 de marzo una juez deja sin efecto la adopción de estos menores. Mas tarde, el 10 de mayo la consejería nos comunica que la misma juez ha dictado un auto de ejecución de sentencia en la que ordena que INMEDIATAMENTE empiecen visitas de los menores con su progenitora que se producen de la siguiente manera.
• Martes y jueves de 17 a 19 horas y sábados y domingos de 10 a 20 horas
• Son los menores los que tienen que viajar desde Peñarroya a Córdoba 4 días a la semana y de vuelta a Peñarroya, osea 150 kilómetros y 2 horas de viaje por cada visita. Esto afecta a su descanso, salud y alimentación.
• Los niños no recibieron ayuda psicológica antes de iniciar las visitas después de casi año y medio sin saber nada de su progenitora de la que ni siquiera se acordaban
• Desde el inicio de las visitas no han recibido tratamiento psicológico, ni nosotros, la familia de acogida, ni ayuda ni orientación.
• En las visitas se han producido hechos que merecen la pena que por lo menos La Consejería y la juez conozcan, como así he hecho. Retrasos de una hora, entrega de los niños con fiebre, sin comer en todo un día, etc, etc, etc…hasta el momento nadie ha hablado con los menores para comprobar todo esto. Tampoco nadie quiere asegurarse que lo que afirma la juez en la sentencia para devolver los menores a su madre es cierto.
Todo lo anterior lo conoce tanto el Servicio de protección de menores y el juzgado sin que desde que se iniciaran las visitas el 18 de mayo hasta hoy hayan hecho nada de nada con los menores a pesar de nuestra insistencia para que los atiendan como se merecen. Nadie hace nada por ellos. Seguimos esperando.
1 comentario:
Este estado de cosas demuestra que la protección del menor es una filfa, que la protección a las mujeres amenazadas es una patraña, y que estamos pagando funcionarios inútiles en algunos sectores de la administración.
Un cero patatero a la Delegación de Bienestar (¿bien sestear?) Social de Córdoba, y a la jueza que lleva el caso, y a los de Protección del Menor.
¡A casa todos ellos!
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