Y LO QUE ESPERABA... SUCEDIÓ

Como “padre” de acogida de dos menores hasta el día de ayer quiero hacer pública mi indignación y repulsa por la forma empleada para separarnos de los menores y proceder a la reintegración de estos con su progenitora. Tan sólo me permito criticar públicamente las formas que tanto mi esposa como yo mismo consideramos falta de la más mínima consideración hacia las personas implicadas y falta de una mínima humanidad, y continuaremos el camino judicial para oponernos a una sentencia y un auto con el que no estamos de acuerdo. En nuestra opinión Doña Blanca Pozón Jiménez, la juez del juzgado de primera instancia número cinco de Córdoba, ha demostrado una falta total de humanidad y, en mi opinión, ha actuado al resolverlo definitivamente con alevosía y premeditación, que es como a esta gente le gusta llamar a las cosas hechas sabiendo de antemano las consecuencias.

Después de tres meses de visitas de la progenitora con los menores, ordenadas judicialmente el pasado día 1 de septiembre, doña Blanca emite una providencia en la que ordenó que los niños que teníamos en acogida pasaran la semana del 10 al 17 de este mes con su progenitora. De esta manera, pensamos que lo que en realidad pretendía de forma oculta, era forzar la situación para que los menores ya estuvieran con su progenitora en esas fechas y así separarnos de ellos pocos días después para que le diera tiempo de hacer lo que ha ordenado: el cese inmediato del acogimiento.

En ese mismo momento se nos hacía llegar algunos informes, en algunos de los cuales se explicaba la evolución de la progenitora durante estos meses, y en otros se pedía la reintegración de los menores con su progenitora. No se nos proporcionaba, y así lo hicimos constar en nuestras posteriores alegaciones, un informe del equipo psicosocial del propio juzgado que habíamos reclamado y del que tenemos constancia que sí posee la parte contraria.

Igualmente alegábamos que, a raíz de los informes, no estamos de acuerdo con la reintegración, a la vez que suplicamos que si de todas formas esta se ordenaba por parte del juzgado, se nos dejara despedirnos de unos niños que en un principio quisimos adoptar y con los que hemos convivido casi año y medio, y asimismo que dejara que la psicóloga del equipo de tratamiento familiar de Peñarroya-Pueblonuevo que trata a los menores los preparara para el abandono de su actual hogar, tal y como ella nos había manifestado.

El día 12 de septiembre doña Blanca emitió un auto en el que acuerda la reintegración “definitiva e inmediata” de los menores. Lo hace durante la semana que los niños no están con nosotros, como ya queda explicado antes, y dejando sin efecto la providencia emitida por ella el pasado día 1 que ordenaba que correspondía a la progenitora estar con los menores hasta el día 17 a las 20 horas.

La juez impide así nuestra despedida de los menores, que los niños se puedan llevar sus objetos más preciados que han acumulado durante este casi año y medio, que se despidan de los que hasta tan sólo hace unos días eran sus titos y abuelos, e impide que puedan ser preparados psicológicamente para ello. No puedo decir que no sea justo, lo que sí puedo decir es que no es ni lógico ni humano. También tengo la impresión de que doña Blanca lo ha hecho premeditadamente ya que “casualmente” la progenitora sabía que el domingo pasado se llevaba a los niños definitivamente, y así se lo manifestó a la cuidadora y a la portera del centro de protección de menores, quienes alarmadas por la noticia, nos esperaban a la puerta del centro de protección de menores al que llevábamos a los niños para el cumplimiento de las visitas. Parece que todo estaba premeditado, lo sabía la progenitora porque decía se lo había dicho su abogada. “Casualmente” dos días después ha ocurrido lo que la progenitora ya sabía antes de que se emitiera el auto de ejecución. En mi opinión, Doña Blanca ha ordenado la reintegración de la peor manera que se podía hacer.

No puedo dar más pormenores sobre la sentencia y el auto, que naturalmente recurriré judicialmente, porque “entre los derechos de los menores esta el honor, intimidad y propia imagen de los menores frente a las intromisiones ilegítimas, en particular, las que pudieran producirse a través de los medios de comunicación” como muy bien recoge doña Blanca en su auto en lo que entiendo aviso a navegantes, si bien en ningún momento ningún medio de comunicación se ha referido a datos personales de los menores o ha mostrado su imagen.

Igualmente, el que tanto mi esposa como yo hayamos tenido o tengamos aún que llegar a exigir, incluso públicamente, el mejor trato para los menores y nos opusiéramos o tengamos aún que oponernos judicialmente a lo ordenado por el juzgado es, según el auto, mantener “una oposición frontal a que la sentencia se cumpla, obstaculizando cualquier actuación encaminada al reintegro de los menores con su madre. Dicha actuación repercute de forma negativa en los menores”.

No puedo hablar nada sobre las circunstancias que rodean a los menores para mantener su derecho a la intimidad. Opino sobre la falta de humanidad, en mi opinión, de doña Blanca en la forma de hacer las cosas. No creo que de ninguna manera se pueda dar este mal trato a dos pequeños, que naturalmente no lo merecen. Y así lo expresaré públicamente, sin dar detalles de los niños; pero lo que naturalmente sí que daré es mi opinión sobre todo lo ocurrido y lo hecho por doña Blanca. Con “estas maneras”, carente de la más mínima lógica, de ordenar el cese inmediato del acogimiento creo percibir la forma que los poderes establecidos tienen de cobrarse los “daños causados” por quienes como yo muestran a través de los medios de comunicación su disconformidad con sus actuaciones.

Supongo que no sienta bien a quienes no están acostumbrados a recibir críticas, que una persona exprese su opinión sobre las formas en que tratan las administraciones a los ciudadanos. No sienta nada bien que se opine sobre las formas de actuar de jueces y fiscales. No sienta bien que públicamente hayamos mostrado que nos hemos sentido, como mínimo, maltratados. Creo que es mi derecho opinar, protestar e informar sobre lo que consideramos maltrato hacia, primeramente, los menores y después hacia mi esposa y hacia mí por la forma en que se ha llevado un caso de por sí complicado para todos los implicados dada su fuerte carga emocional, ya que estamos hablando de relaciones personales.

Por otra parte denuncio el abandono absoluto que, como familia de acogida, hemos sufrido por parte de la delegación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de quienes desde el mes de junio no hemos recibido ni una sola llamada de apoyo, quienes utilizan escritos sin firmar enviados por fax para comunicarse con nosotros y quienes en el día de ayer, después de recibir comunicación del auto del juzgado, ni nos atienden telefónicamente ni hay nadie que nos reciba.
Estas son las formas de actuar de las administraciones con quienes se limitan a dar cariño a quienes lo demandan y luchan por conseguir un trato digno hacia las personas.